Redacción
Durante más de dos décadas, Alberto Jorge Contreras Núñez construyó una carrera dentro de las instituciones encargadas de investigar delitos en Sinaloa. Fue perito, agente investigador, jefe antisecuestros y finalmente comisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, para las autoridades de Estados Unidos, el exmando policial conocido como “El Cholo” no solo combatía al crimen organizado: también habría trabajado para una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.
La acusación presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York señala que Contreras Núñez formaba parte de una red de funcionarios que presuntamente brindaba protección a Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con el expediente, el exjefe policial habría recibido sobornos a cambio de utilizar su posición dentro de las corporaciones de seguridad para favorecer a la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen que entre sus funciones se encontraba proporcionar información sobre investigaciones en curso, alertar sobre operativos, facilitar protección institucional a integrantes del grupo y permitir que sus actividades se desarrollaran con menor presión por parte de las autoridades.
Uno de los señalamientos más delicados contenidos en la acusación es que presuntamente intervino para lograr la liberación de integrantes de Los Chapitos que habían sido detenidos por corporaciones de seguridad.
Los fiscales también afirman que su permanencia en puestos estratégicos dentro de las instituciones de investigación criminal era considerada de interés para la organización, debido al acceso privilegiado que tenía a información sensible.
Contreras Núñez encabezó la Policía de Investigación de Sinaloa desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2026, convirtiéndose en uno de los funcionarios de mayor rango mencionados en la acusación estadounidense relacionada con la estructura de protección política y policial atribuida a Los Chapitos.
Pese a estos señalamientos, el Gobierno de Sinaloa envió al Congreso del Estado una iniciativa para otorgarle una pensión por retiro anticipado de 67 mil 477 pesos mensuales. La propuesta fue turnada al Poder Legislativo para su análisis y eventual aprobación.
Hasta el momento, en México no existe una acusación penal pública en su contra derivada de los cargos formulados por Estados Unidos; sin embargo, el caso ha generado controversia debido a que la solicitud de pensión fue promovida por la propia administración estatal mientras el exmando permanece señalado en una acusación federal estadounidense.
