Panorama Sinaloa
Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de contrabando de combustible que beneficiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la organización utilizaba empresas fachada, documentos aduanales falsificados y operaciones de transporte para introducir combustible de Estados Unidos a México, evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y generar ingresos de decenas de millones de dólares anuales para el grupo criminal.
Entre las personas sancionadas se encuentran:
- Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero y responsable de crear empresas fachada, falsificar documentación aduanera y coordinar operaciones de importación de combustible para beneficio del CJNG.
- J. Refugio Ruiz Villagómez, identificado por las autoridades estadounidenses como participante en operaciones de contrabando de combustible hacia México sin los permisos correspondientes y presuntamente vinculado con empresas utilizadas en el esquema.
Las nueve empresas sancionadas son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd. (Reino Unido)
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, el llamado “huachicol fiscal” se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos fuera del narcotráfico. El esquema consiste en introducir gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante documentación falsa, empresas fachada y evasión de impuestos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las ganancias obtenidas son utilizadas para financiar actividades del CJNG, entre ellas el tráfico de drogas, actos de violencia y esquemas de corrupción.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, además de prohibirse a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellas.
