Redacción
La reciente aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, discutida los días 7 y 8 de abril de 2026, abre un debate que no puede pasar desapercibido.
No es un tema menor. Estamos hablando de cómo se utilizará el dinero que millones de mexicanos tienen destinado para su retiro.
El famoso “30%”: donde comienza la inquietud
Uno de los puntos que más controversia ha generado es la posibilidad de que el Gobierno pueda canalizar hasta un 30% de los recursos de las AFORES hacia proyectos de infraestructura.
Carreteras, trenes, puertos, energía.
En el papel, la propuesta suena lógica: impulsar un modelo de inversión mixta (público-privada) para detonar crecimiento económico ante la caída de la inversión pública.
Pero cuando ese impulso se financia con el ahorro de los trabajadores, la conversación cambia.
¿En qué se invertirá realmente?
La ley habla de “proyectos para el desarrollo con bienestar”, un concepto
amplio que incluye:
Transporte y logística (como el Tren Maya o el AIFA)
Energía y agua
Infraestructura social como hospitales y escuelas
Hasta ahí, todo parece alineado con el desarrollo del país.El problema no es el “qué”… sino el “cómo” y el “quién decide”.
Dos visiones, dos realidades
Por un lado, la postura oficial sostiene que esto no es nuevo: Las AFORES ya invierten en infraestructura, y esta ley simplemente organiza y formaliza ese proceso, asegurando rendimientos para los trabajadores mientras el país crece. Por otro lado, especialistas y oposición advierten algo más delicado:
la discrecionalidad.
El hecho de que el consejo encargado de seleccionar los proyectos esté compuesto únicamente por funcionarios públicos abre la puerta a decisiones que podrían no estar guiadas por rentabilidad, sino por intereses políticos.
Y cuando eso ocurre, el riesgo no lo absorbe el gobierno… lo absorbe el
trabajador.
Lo que dicen las administradoras
La AMAFORE ha intentado bajar la tensión con tres mensajes clave:
No se trata de una expropiación
El dinero sigue siendo propiedad del trabajador
Existen filtros técnicos y de rentabilidad supervisados por la CONSAR
Además, argumentan que ese límite del 30% ya existía, aunque ahora se impulsa
con mayor fuerza desde la ley.
Mi lectura (y mi preocupación)
Aquí es donde dejo de informar… y empiezo a opinar.
México ya vivió un episodio donde decisiones de infraestructura impactaron
directamente el ahorro de los trabajadores.
La cancelación del Aeropuerto de Texcoco no solo fue un cambio de rumbo
político:
también implicó pérdidas en inversiones donde estaban involucrados recursos de
AFORES.
Y esas pérdidas no las absorbió el gobierno.
Las absorbieron los trabajadores.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Estamos frente a una estrategia de crecimiento… o ante un nuevo traslado
de riesgo hacia el ahorro de los mexicanos?
Porque cuando el dinero no es propio, el margen de error debería ser cero.
No se trata de estar a favor o en contra del desarrollo del país.
Se trata de entender que el ahorro para el retiro no es un fondo disponible para
experimentar. Es el resultado de toda una vida de trabajo.
