Redacción
El proyecto fue aprobado previamente por la Cámara de Senadores el 24 de septiembre de 2025 y posteriormente remitido a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación, conforme al proceso establecido.
La reforma tiene como objetivo consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se estructura en cinco ejes principales: detenciones mediante investigación e inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación de operadores en manejo de crisis y negociación, y la implementación de una campaña nacional de prevención.
La modificación constitucional permitirá crear un marco legal que establezca criterios uniformes de investigación, persecución y sanción, lo cual reducirá los espacios de impunidad y fortalecerá la legitimidad del sistema de justicia penal; además de garantizar mayor protección a las víctimas y evitar la división jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión queda facultado para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
