Redacción
El sector empresarial de la capital sinaloense impulsa una iniciativa de ley para poner fin a uno de los reclamos más recurrentes de la ciudadanía: el pago de arrastre, multas y corralón cuando un vehículo robado es recuperado por las autoridades.
La propuesta, promovida por la Intercamaral de Culiacán y organismos como Coparmex, busca que las personas que acrediten haber sido víctimas del delito queden exentas de cualquier cargo relacionado con la recuperación de su automóvil, al considerar que estos pagos representan una revictimización.
De acuerdo con representantes empresariales, actualmente los costos por arrastre y resguardo pueden alcanzar entre 12 mil y 20 mil pesos, lo que obliga a las familias a enfrentar una segunda afectación económica tras el robo de su patrimonio.
La iniciativa será presentada ante el Congreso del Estado en medio de un contexto de incremento en el robo de vehículos, un delito que impacta no solo el patrimonio, sino la percepción de seguridad y la movilidad en la entidad.
El planteamiento coincide con propuestas legislativas previas que buscan modificar el marco legal estatal para exentar del pago de grúa, depósito e infracciones cuando el ingreso del vehículo al corralón derive directamente de un delito.
Con esta medida, el sector empresarial pretende establecer un nuevo criterio de justicia administrativa: que la víctima no pague por recuperar lo que le fue arrebatado.
