En el Senado de la República se busca aprobar un castigo de 20 a 40 años de cárcel y multas de hasta casi medio millón de pesos a quien utilice a niñas, niños y adolescentes para cometer delitos, pues se incurrirá en el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.
El dictamen de las comisiones del Senado añade que “la pena por el delito de reclutamiento forzado de menores aumentará hasta en una mitad cuando la o el menor se encuentre en condición de orfandad, abandono familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, pertenezca a una comunidad indígena, o haya sido previamente víctima de algún delito”.
Añade que en la Ley General de Víctimas “serán consideradas víctimas directas las personas menores de dieciocho años que hayan sido víctimas del delito de reclutamiento forzado de menores, en los términos del artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, o del delito de corrupción de menores de conformidad con la legislación penal aplicable”.