RedacciónAdemás del llamado institucional, Miguel Calderón, coordinador del Consejo estatal de seguridad pública, subrayó la corresponsabilidad social ante este fenómeno complejo como es el narcotráfico y el crimen organizado, en particular desde la familia como núcleo del tejido social.
“Debemos abonar al debate público de altura, a la resiliencia social, al análisis gubernamental, sobre todo, enfocado en una necesidad hoy como nunca apremiante, aportar desde nuestros entornos y círculos cercanos a la construcción de paz”, subrayó.
Calderón Quevedo reconoció el dolor de las víctimas y el trabajo de los colectivos de búsqueda, cuya respuesta a sus reclamos sigue siendo un pendiente institucional.
El informe subraya un repunte preocupante de delitos de alto impacto como homicidio doloso, privación de la libertad, robo de vehículos y robo a comercio. Gran parte de estos delitos se han caracterizado por un mayor uso de armas de fuego y la violencia asociada al rompimiento entre grupos del crimen organizado.
“El 2024 colocó en la palestra internacional y nacional a Sinaloa, ante la situación de seguridad que se ha traducido en una crisis que inició a principios de septiembre y que se ha prolongado, impactando la vida de los habitantes de varios municipios del estado, trastocado algunas de las actividades comerciales, culturales, deportivas y sociales”, expuso.
